DEMOCRACIA, A MEDIAS
José M. Balbuena Castellano
Es lo que estamos viviendo en Canarias. Existen suficientes indicios para sostener esta afirmación. Ahí tenemos el ejemplo del sistema electoral que permite que 150.000 votantes canarios, o quizás más, según afirma el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, se queden sin representación en el Parlamento regional, o en otras instituciones isleñas.
Ahí tenemos el ejemplo de que el voto de un herreño o un gomero, vale más que el de un habitante de Gran Canaria o Tenerife. Además, se impide a los ciudadanos libres y que poseen criterio y decisiones propias a poseer unas listas abiertas para elegir a la persona que considere más idónea. No señor: tiene que tragarse unas listas cerradas, donde se cuela cada elemento discordante, que no encaja en una auténtica democracia, que más le vendría dedicarse a sus negocios y triquiñuelas, que erigirse en “servidor público”, que después convierte en “coto privado” o en un club de amiguetes.
Se pasea por estas islas una absurda y antidemocrática fórmula para designar a nuestros representantes, pero, eso sí, ese mal ejemplo es apoyado por algunos de los partidos que han gobernado este archipiélago durante muchos años, muy cogidos de la mano, porque ese sistema les conviene
Cuando otro partido, -me refiero al PSOE -que por haber obtenido mayor número de votos debería estar gobernando en Canarias, intenta que haya consenso para erradicar esta aberrante forma de llevar una democracia, resulta que los otros dos grupos políticos que conforman el arco parlamentario, se niegan a hablar de este asunto y a darle solución. Es una actitud que denota una falta de respeto a los canarios.
Pero ahí no quedan los indicios de que estamos en una democracia, a medias. Ni acaba de consolidarse, ni se afrontan las reformas necesarias para mejorarla. Todo ello es nocivo para defender el estado de derecho.
El estado de derecho empieza por implantar unas leyes justas y adecuadas a los tiempos que vivimos, y que el poder judicial sea completamente independiente del político, de los gobiernos de turno y que cuente con los medios humanos y materiales para cumplir con agilidad su cometido. El ciudadano ve con recelo como imparten justicia e interpretan las leyes algunos jueces de este país; como se dilatan en el tiempo los procesos judiciales y se llega incluso a archivarlos por haber prescrito, quedando impunes los presuntos culpables de delitos contra la propiedad, las prevaricaciones, cohechos, y demás ilegalidades de determinados políticos o de ciudadanos corrientes. Y como se dice popularmente: siempre pagan los más débiles. ¿Es esto democracia? ¿O será que nos gusta vivir en esta situación de ambigüedad?. A veces parece que realmente estamos en una democracia, y otras, que navegamos hacia un exótico país bananero donde reina el caos y se cumple solamente la “ley del más fuerte”, o de aquellos que tienen prebendas y privilegios.
En Canarias vemos como se eternizan en el poder quienes han hecho que nuestra comunidad se coloque en el furgón de cola de las otras que componen la nación española. La democracia nos da la opción de desplazarlos, de quitarlos del medio, pero no la usamos. Da la sensación de que la masa de ciudadanos con derecho a voto de estas islas es masoquista o que una neblina cubre sus ojos y, cuando llega la hora de votar, renueva su confianza en quienes no la merecen, por lo que estamos en un círculo vicioso que nos impide avanzar, progresar. ¿Qué tiene que ocurrir en Canarias para que estas situaciones no se repitan?
Existe una tendencia a privatizar servicios públicos, como pueden ser los puertos y los aeropuertos, o la misma sanidad, y los habitantes de Canarias, haciendo honor a ese estigma, y que se ha convertido en tópico, de que “somos aplatanados”, ante todas estas amenazas reales contra la democracia y el progreso, nos quedamos en casa tranquilitos, como si todo eso no fuera con nosotros, devorando fútbol, viendo una televisión pública sectaria y ramplona, embruteciéndonos con la foránea tele basura, o metiéndonos de lleno en las distracciones que el poder nos pone en bandeja, para que no pensemos, para que no decidamos, para llevarnos a donde ellos quieren. Una democracia sin el pueblo, no es democracia. Sólo se nos utiliza para llevar el voto a las urnas cada cuatro años y satisfacer el ego de unos pocos. Es una parodia de democracia. Es una actitud carnavalesca. La participación ciudadana es escasa. Generalmente, sus iniciativas no se tienen en cuenta.
Luego vemos la misma descomposición del que hoy es el único partido de la oposición en el Parlamento de Canarias, -me refiero al PSOE, claro- que era el único que podía haber realizado un cambio sustancial en el Gobierno de Canarias – al menos esa era su intención- porque estuvieron a punto de obtener mayoría absoluta en las últimas elecciones. El tribalismo existente y unos turbios intereses llevaron al CC y al PP a buscar unos pactos, que luego rompen para que se de la impresión de que ya no hay “feeling” entre ellos. Pero pasadas las elecciones, viven una dulce luna de miel, para volver a las andadas. Es una auténtica pantomima que se repite una y otra vez. Y este pueblo, que mira a la luna y oye cantos de sirena, cae de nuevo en la trampa.
Ahora el PSOE, que perdió una buena oportunidad de gobernar, después de las últimas elecciones, si hubiesen tenido “mano derecha” para entenderse con los otros dos partidos existentes, no parece una opción política en la que se pueda confiar mucho. Sus peleas internas y la desorientación e incapacidad de su líder máximo, Rodríguez Zapatero, le han alejado de la clase trabajadora, que era quien más confiaba en ellos.
Es triste comprobar que tenemos un parlamento canario compuesto de dos partidos –PP-CC, que son los mismo, porque son de derechas, aunque los separan pequeños matices, y el PSOE, que es de izquierda, pero en las actuales circunstancias de aguda crisis, lo es mucho menos.
Es antidemocrático que quienes gobiernan en Canarias hagan leyes para adaptarlas a sus propios intereses, como es el caso del Catálogo de Especies Protegidas. La finalidad es, entre otras cosas, que se pueda construir el puerto de Granadilla. O que se siga machacando el territorio canario, para favorecer a especuladores y personas sin escrúpulos.
Es antidemocrático que se permitan realizar construcciones y hoteles ilegales y en zonas y espacios protegidos, y luego, los mismos que han permitido las ilegalidades, apoyen esa situación y se nieguen a los derribos y rectificaciones de tales desmadres. Eso sí, utilizan argumentos demagógicos y populistas para justificar su actitud.
En fin, la lista de elementos antidemocráticos que percibimos en estas islas (de los que no se libra el resto del país) nos hacen pensar que ha llegado la hora de darle otro rumbo a una democracia que, bajo mi punto de vista y el de otros muchos ciudadanos, no funciona bien. En estas cuestiones tan serias, no se puede ir a la deriva.
