En defensa del Estado de Derecho
Hoy todo el mundo habla en España de un fenómeno que se venía produciendo en Canarias casi desde el comienzo de la democracia, después de 40 años de una feroz y represiva dictadura, aunque a algunos, claro está, les fuera de maravilla en ese régimen porque estaban muy bien adaptados a él, y, por supuesto, recibían sus beneficios.
Me refiero a la corrupción que se detecta en determinadas instituciones públicas y que afecta a algunos políticos. Habrá que aclarar también que, aunque se dice que "el poder corrompe", no todos los políticos son unos chorizos ni se dejan corromper, y de ellos tenemos sobradas sobras en esta imperfecta democracia que nos está tocando vivir. Además, es evidente que si existen corruptos es porque hay corruptores. Parece que eso se olvida, como si todo el peso de esta anómala situación hubiera que cargarla solamente en los políticos.
Creo que la corrupción empezó en Canarias antes de que en los medios informativos de la Península se empezara a hablar y a escribir sobre la que corroía al resto del país. Antes de que se hablara de Marbella, de las cacicadas de Gil y Gil y su panda, de Julián Muñoz, del caso Gürtel, del espionajes al que sometía Esperanza Aguirre a sus propios compañeros. Antes de que se dijera nada de Fabra, de Camps, de Jaume Mata, y de otros personajes pertenecientes a casi todos los partidos existentes, acusados de prevaricación, de cohecho, de sobornos y de toda clase de corruptelas habidas y por haber.
Al crearse la Fiscalía Anticorrupción en España y al recibirse denuncias concretas sobre casos de corrupción para que se investigasen fue cuando empezamos a conocer públicamente lo que ya muchos sabíamos. Todo se hizo con la intención de fortalecer el Estado de Derecho que muchos oportunistas y gente sin escrúpulos han desvirtuado. Habrá que seguir en ese camino si queremos salvar la democracia y no meternos en el tortuoso camino de los países donde se ha instalado el mal de la corrupción, la injusticia, el poder de los más fuertes, que nos puede llevar a la anarquía, y hasta una nueva dictadura. una nueva dictadura.
Y les digo esto porque circula por ahí un informe, facilitado por la agencia Europa Press, que dice que en Canarias las personas acusadas "por presunta corrupción" ascienden a más de 200. Contándose entre ellos a políticos, funcionarios y empresarios.
Pero lo curioso de todo esto es que, a pesar del elevado número de denuncias y presuntas imputaciones, solamente han ingresado en prisión tres personas. Porque a la gravedad de este asunto se le añade otra más: la lentitud de la Justicia; a veces su parcialidad, o la falta de unas leyes que castiguen este tipo de actuaciones y terminen con la impunidad de quienes corrompen, o de los políticos que, ostentando cargos públicos, realicen actividades ilegales o sean responsables de equivocaciones que vayan contra el erario públicos, de las que en estas islas tenemos últimamente unas muestras evidentes. O sea, una Justicia que consiga que "el que la hace, la paga", sin contemplaciones.
En el informe al que aludo se destaca la llamada "trama eólica", vinculado a supuestas irregularidades relacionadas con la convocatoria de un concurso eólico en Canarias, que se inició con la detención de 7 personas el 8 de febrero en el año 2.006. En marzo de ese año el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria inició la apertura de el juicio oral contra los 6 principales imputados, entre los que se encontraban el director general de Industria del Gobierno canario y su novia, el jefe del área de Industria, y tres empresarios. Este caso ha pasado a la Audiencia Provincial en la que un jurado les juzgará.
En el llamado "Caso Faycán" el juez Javier García dictó un auto por el que transformó en "procedimiento abreviado" las diligencias de ese caso, de forma que cerró la causa con 37 imputados, tras tres años de investigación del presunto cobro de comisiones ilegales durante el anterior mandato en el ayuntamiento de Telde. Hace poco fue también admitida a trámite una querella contra el ex-alcalde de esta ciudad 7 concejales y el representante legal de una empresa por presunta prevaricación en la permuta de un edificio.
En Gran Canaria está pendiente una resolución judicial de la Operación Brisan sobre corrupción municipal y urbanística en Santa Brígida, en la que existe una decena de imputados. Figura, además, otro sumario por presuntas irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas por un ex-alcalde Firgas.
Pero las ilegalidades se han instalado prácticamente en todas las islas, como la Operación Unión, que investiga una supuesta corrupción urbanística y de comisiones ilegales a empresarios de Lanzarote, que ha dejado, por el momento, a dos personas encarceladas y a 35 imputados. De los 20 detenidos en la operación, 7 de ellos ingresaron en prisión, aunque sólo permanecen en ella el empresario Fernando Lleó y el ex-presidente del Cabildo y fundador del PIL, Dimas Martín. Otro caso de presunta corrupción implica al ex-alcalde de Yaiza José Francisco Reyes.
En Tenerife destaca el caso de Las Teresitas, en el que hay 16 imputados, entre ellos el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, por presunto cohecho, prevaricación y malversación de fondos, y que involucra a concejales, a ex-concejales y a conocidos empresarios.
El pasado año la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza denunció la construcción de unos estacionamientos en terreno de dominio público en Las Teresitas. En este caso están imputados 8 personas, entre ellas un ex edil de Urbanismo, una concejala así como técnicos y funcionarios municipales.
Otro reciente descubrimiento es el llamado Caso Arona, en el que han sido imputadas 34 personas, encontrándose entre ellas el alcalde, varios concejales del anterior mandato y del presente mandato, así como empresarios, funcionarios, técnicos y arquitectos, acusados de más de 70 delitos, figurando entre los mismos, continuados actos de prevaricación, y contra el ordenamiento del territorio.
El Plan Parcial de el Vertedero del Rosario en un espacio protegido por el Plan Insular de Ordenación ha llevado a los tribunales al alcalde del PSOE, así como a funcionarios y técnicos de este ayuntamiento tinerfeño, tras una denuncia presentada por Los Verdes.
Ha habido casos de corrupción en La Gomera, donde un alcalde ha sido acusado de presunta malversación de fondos públicos. Se trata además, de un aforado por ser miembro del Parlamento de Canarias, que tendrá que ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el Tribunal Supremo.
La Palma no se libra tampoco de esta plaga de desaguisados realizados por políticos. El juzgado de Los Llanos de Aridane ha abierto una causa en la que figuran 32 imputados, por autorizar la construcción del inmueble en un suelo que no era urbano, tal como ha señalado el Tribual Supremo. La Dirección de Costas mantiene un litigio abierto para ampliar a 100 metros el deslinde del frente marítimo en Tazacorte.
No olvidemos que en Las Palmas tenemos también un frente abierto, con presuntas irregularidades, como el tema de las torres del canódromo, que están en litigio y van a costar al ayuntamiento disgustos y mucho dinero, o el del solar de la calle Pavía, frente a Las Arenas.
El Juzgado Número 7 de San Bartolomé acordó en enero de este año el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental contra un concejal -expulsado del PSOE- y un ingeniero.
En marzo de este mismo año se archivó la causa abierta contra el alcalde de Mogán, a raíz de la denuncia presentada por la celebración de una rueda de prensa en un hotel de Las Palmas para dar su versión sobre su imputación en el Caso Góndola.
En julio de este año el TSJC dictó un auto en el que archivó definitivamente el escandaloso Caso Salmón en el que figuraba como imputado, por presunto cohecho el presidente del PP en las islas y el secretario general de su partido, como supuesto cooperador necesario de cohecho.
Recientemente fue archivada la querella contra la presidenta de CC y ex alcaldesa de La Oliva, que estaba imputada por presunta prevaricación por el caso de las Casas de Majanicho. También se archivó el presunto caso de intento de soborno a un concejal llevado a cabo por el Marqués de las Dunas.
(Comentario que abrió anoche "Antena Abierta" en Radio Faycán, donde por cierto se batió el record de intervenciones:10 intervenciones entre comentaristas y corresponsales).
