Estudio: El sector inmobiliario en Canarias. Evolución del mercado. (y 2)
(Continuación)
El presidente de la Cámara de Las Palmas, Ángel Luis Tadeo, asegura que, este fenómeno que afecta directamente a la economía doméstica y que ha atraído a Canarias capital y empresas de ámbito nacional e internacional, hay que sumar las políticas de control aplicadas por el Gobierno de Canarias que han empujado a las empresas turísticas a aplicar sus planes de expansión en un plazo de tiempo mucho más limitado que el que el propio mercado hubiera permitido.
Este elevado dinamismo ha repercutido directa e indirectamente en otros sectores económicos cuyas actividades son complementarias. Según el DIRCE, el número de empresas relacionadas 
con la actividad de la construcción, ha experimentado un crecimiento medio de 9% anual, en el periodo 1999 a 2006, con picos de hasta 13% en el 2000. De 16.209 empresas censadas en 1999 pasamos a 29.295 en 2006, con el incremento consecuente en el empleo generado durante este periodo y que ha supuesto el 13% de promedio de la población ocupada, sólo superados por los servicios.
Sin embargo, este crecimiento continuo y a tan elevado ritmo, está sufriendo en los últimos meses una importante desaceleración. Las restricciones del mercado monetario, la menor renta disponible de las familias y el mantenimiento en el nº de turistas, pese al incremento de las plazas turísticas, está suponiendo un enfriamiento importante en la construcción que está afectando muy directamente a la evolución de la economía canaria en su conjunto.
Año Precio medio del m2 Alquiler medio anual del m2 PER
2001 1.221 75 16,2
2002 1.332 78 17,1
2003 1.489 81 18,4
2004 1.537 83 18,5
2005 1.684 86 19,7
2006 1.827 88 20,9
2007 1.906 91 21,0
La situación actual de burbuja inmobiliaria es insostenible. Si durante los últimos años los inversores canarios han estado dispuestos a soportar rentabilidades del alquiler tan reducidas, ello se ha debido a la permanente escalada de los precios de la vivienda, que generaba unas fuertes plusvalías latentes. Pero si la revalorización de la vivienda no puede sostener la rentabilidad total, deberá hacerlo la rentabilidad del alquiler o, lo que es idéntico, el PER deberá caer.
Debido a esta pérdida de rentabilidad, la construcción está frenando su actividad y así en 2007 ha ido cayendo el número de viviendas comenzadas y terminadas, lo que ha influido directamente en el consumo de cemento
Los ajustes del mercado, en principio, no deberían implicar mayores consecuencias que ciertas pérdidas económicas para los consumidores e inversores que los adquirieron en el momento inadecuado. Así, no habría de qué preocuparse por el hecho de que el precio de la vivienda pudiera caer un 20% o un 40%. Sin embargo, la burbuja inmobiliaria actual extiende sus efectos más allá de los directamente implicados (los propietarios de una vivienda) ya que, en su mayor medida, ha sido financiada con cargo al crédito bancario que procede, a su vez, de los ahorros de los depositantes.
Por este motivo, la Cámara de Comercio de Las Palmas cree que el derrumbe del precio de la vivienda podría generar efectos perniciosos sobre individuos no directamente implicados en las decisiones de inversión en la compra de una vivienda. El valor de los colaterales hipotecarios dejaría los depósitos a merced de que la morosidad no repuntara; en caso contrario, los depositantes serían incapaces de recuperar plenamente sus ahorros.
Ciertamente, la transición hacia unos PER de la vivienda más reducidos es complicada sin que se produzcan, como ya hemos indicado, ajustes significativos, o bien en el mercado de alquileres, o bien en el de la compra de inmuebles.
El presidente de la Comisión de Promotores Inmobiliarios, Ramón Pérez Hernández, afirma que “Aunque estamos totalmente de acuerdo con que se establezcan políticas de promoción del alquiler, éstas no deben entrar en conflicto con la promoción de la compra de una vivienda. Además – añade – creemos que es imprescindible reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para otorgar mayor seguridad jurídica al propietario. Según los analistas, la LAU impone riesgos innecesarios a los arrendatarios (asociados a los plazos mínimos de alquiler y la dificultad para combatir la morosidad y desahuciar a los inquilinos) que, por consiguiente, eleva la rentabilidad mínima que exigen para mantener la inversión”.
Igualmente, desde el Servicio de Estudios Económicos de la Cámara se afirma que, es recomendable que las distintas Administraciones Públicas tomen nota de las consecuencias de las políticas restrictivas aplicadas en la liberalización de suelo para no hacer atractivo el incremento de precios que, a su vez, atraiga el nuevo crédito creado por el Banco Central y engendre las famosas ‘burbujas’, siempre y cuando se produzca un cambio de sistema monetario basado en la libertad bancaria de emisión de dinero que no permita a un Banco Central monopolístico manipular a su antojo los tipos de interés.
Por otra parte, Ramón Pérez demanda al Gobierno Central “una especial sensibilidad con Canarias y tenga muy en cuenta su calidad de Región Ultraperiférica. Es imprescindible – asegura- una política de vivienda que apoye a la actividad promotora como generadora de riqueza y empleo, y se lleve a cabo medidas tales como una rebaja de la presión fiscal y disminución de los trámites burocráticos exigidos en las distintas administraciones que participan en el proceso. El mercado debe evolucionar libremente y las políticas de los Gobiernos Canario y Central sólo deben introducir medidas correctoras pero no intervencionistas en una economía tan concentrada como la canaria”.
“Sin embargo - asegura el presidente de la Cámara de Las Palmas- apoyamos la nueva dirección que están tomando las iniciativas políticas para facilitar el proceso de reajuste de nuestra estructura productiva hacia sectores de mayor demanda y valor añadido”.
