Las obras se licitaron en mayo de 2004 y se iniciaron en abril de 2005, lo que ya generó una primera demora de once meses motivada por la no viabilidad del proyecto inicial, al descubrirse sobre el terreno diversos problemas que no se habían previsto y que no guardaban correspondencia con la información facilitada por la anterior Corporación. Problemas tales como redes de conducción de agua y electricidad no reflejadas en los planos originales; existencia de cimentaciones de anteriores edificaciones; presencia de bolos gigantescos que en algunos casos alcanzaban las veinte toneladas; la exigencia de incorporar a última hora una nueva planta en el sótano no contemplada en el proyecto original; así como la modificación de la entrada y salida de vehículos que pasaría de la calle Bravo Murillo a la calle Buenos Aires, entre otros.

Con todo ello, se puso de manifiesto la necesidad de un proyecto reformado -que no fue aprobado por el anterior Grupo de Gobierno- y que implicaba una ampliación del plazo establecido en contrato. Sin que por ello se pudiera reclamar indemnización por demora a la empresa constructora, ya que los informes de la Dirección Facultativa determinaron que las causas de este retraso no eran imputables a ésta.

Del mismo modo que la anterior Corporación no sólo consintió la continuidad de las obras a pesar de incurrir en ilegalidad al no aprobar el proyecto reformado de las mismas, sino que tampoco pagó las certificaciones de obra desde noviembre de 2006 -puesto que las unidades de obras que se realizaban ya no se correspondían con las que figuran en el proyecto inicial-.

De lo que se deduce que el anterior Grupo de Gobierno, presidido por Soria (en la fotografía), no quiso aprobar el proyecto reformado porque suponía una ampliación del plazo establecido en contrato que evidenciaría, ante la opinión pública y ante las propias empresas locales que concurrieron a licitar esta obra, su absoluta irresponsabilidad en la gestión de este asunto, mezclando criterios de oportunidad con criterios de legalidad, primando los primeros sobre los segundos.

Por consiguiente, habiéndose examinado el expediente administrativo de las obras de referencia y habiéndose constatado que la empresa adjudicataria de tales obras, Constructora San José S.A., ha ejecutado un determinado volumen de la obras conforme a un proyecto redactado por la Dirección Facultativa en el mes de noviembre de 2006, que aún no había sido aprobado por el órgano de contratación, tal como se exige en el artículo 142 del TRLACP, el Consejo de Gobierno Insular acordó ayer, por unanimidad:

1. Aprobar técnicamente el referido proyecto reformado (proyecto reformado que no comporta variación del precio contratado). Una aprobación condicionada a que se emitan y presenten los informes técnicos y jurídicos referidos a la actualización del proyecto reformado del 2006 a fecha actual.
2. Conceder a la empresa constructora, una ampliación de plazo de doce meses, que viene motivada por el proyecto reformado y que, en ningún caso, obedece a causas imputables al contratista, según se hace constar en informe de la Dirección Facultativa.
3. Designar una Comisión para el seguimiento de la ejecución del proyecto, formada por los consejeros insulares: Demetrio Suárez, que la presidirá (en la imagen); Carmelo Ramírez y Luis Ibarra; Francisco Ortega, Catedrático de la E.T.S.A. de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; José Miguel Rodríguez, Profesor de la E.T.S.A. de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria; Emilio García-Conde, Director Facultativo de las Obras; Ramón Rosales, en representación de la empresa Constructora San José S.A.; José Juan Cabello, Jefe de Servicio Administrativo de Vivienda y Arquitectura.